Con la futura Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, la Junta de Extremadura pretende gestionar una tramitación “con celeridad y en el menor tiempo posible”. El Proyecto de Ley podría quedar aprobado antes del próximo verano. Supone un cambio en tres ideas fundamentales:
- En el modo de trabajar de la Administración y consiste en la denominada gobernanza “por proyectos”, en lugar de por competencias o materias. Esto se traduciría en el empleo de recursos como las calificaciones integrales, las tramitaciones conjuntas de proyectos y la gestión coordinada de procedimientos, así como las encomiendas de gestión o la creación de unidades administrativas de carácter provisional en las que intervienen representantes de distintos departamentos de la Administración.
- El segundo eje es el de la racionalización del régimen general de la intervención administrativa, en el que se introduce el concepto de “mínima intervención” y cuyo objetivo es sustituir las autorizaciones y las licencias por un único acto administrativo que son las declaraciones responsables por parte de ciudadanos y empresas. Esto supone que será la Administración la que deba comprobar si los datos se ajustan a los criterios exigidos.
- En tercer lugar, la puesta en marcha de esta ley introduce cambios en la tramitación y emisión de informes. En este sentido, habrá un plazo de diez días para la emisión de informes y dictámenes, y además se emitirán simultáneamente, con lo que se evita tener que esperar a la emisión de un informe por parte de un departamento para poder solicitar otro. También, como regla general, el plazo máximo de notificación de la resolución en todos los procedimientos de competencia de los órganos, organismos y entidades de la Administración pública autonómica será de tres meses. Además, se suprime la obligación del alta a terceros, que hasta ahora funcionaba como “un escudo protector para la Administración”. Todo ello enfocado a atraer inversiones.
Fuente: Juntaex.es
