Podrán obtener la condición de beneficiarios:

a)  Todas aquellas personas jurídicas privadas o entidades del sector público empresarial de las reconocidas en el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que tengan su domicilio fiscal en España, o dispongan de una residencia fiscal o un establecimiento permanente en territorio español de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

b)  Las agrupaciones de personas jurídicas encuadradas en el epígrafe a) del presente apartado que se constituyan conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos adicionales establecidos para cada medida en el anexo I.

Este programa de subvenciones forma parte de la inversión 4 del Componente 6 del PRTR. A la convocatoria abierta en 2022, dotada con 460 millones de euros, le ha seguido una segunda convocatoria abierta en el cuarto trimestre de 2024 con presupuesto proveniente del remanente de la primera convocatoria, así como de otros programas del mismo componente cuya implementación no ha llegado a cubrir el 100% del presupuesto originario.

Son proyectos financiables en el marco de esta convocatoria los que se integren en las siguientes medidas concretas recogidas en el Anexo I de la convocatoria y que cumplan los requisitos establecidos tanto en las bases reguladoras como en la propia convocatoria:

– Medida 3. Innovación y desarrollo del eje de ancho variable en locomotoras.

– Medida 4. Construcción, adaptación o mejora de cargaderos y terminales intermodales ferrocarril-carretera, y sus conexiones terrestres.

– Medida 7. Construcción y mejora de zonas de aparcamiento seguras para vehículos comerciales, así como la provisión de servicios de información.

– Medida 8. Sistemas Inteligentes de Transporte para el sector de carreteras (ITS) en concesiones de autopistas de peaje y otros servicios relacionados con la seguridad y conservación de las carreteras.

– Medida 9. Acciones de apoyo a la implantación de la infraestructura de reabastecimiento de combustibles alternativos para vehículos pesados en la red de carreteras.

– Medida 10. Proyectos de apoyo a la renovación o adecuación de medios y maquinaria para conseguir pavimentos sostenibles: disminución de huella de carbono y sonorreductores.

– Medida 11. Apoyo al despliegue de combustibles alternativos en Puertos.

– Medida 13. Proyectos para la digitalización de los servicios de transporte de viajeros y mercancías en el ámbito nacional.

En el mencionado Anexo I se detallan las intensidades de las subvenciones, así como el importe mínimo y máximo de subvención establecido por proyecto.

La segunda convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva a empresas para el apoyo a un transporte sostenible y digital, dotada con 17,05 millones de euros, se publicó el 25 de octubre de 2024 mediante la Orden Ministerial de 21 de octubre de 2024. Las bases del programa están reguladas en la Orden Ministerial TMA/370/2022, de 21 de abril, modificada por la Orden Ministerial TRM/964/2024, de 11 de septiembre.

Las ayudas están dirigidas a empresas privadas y entidades públicas empresariales que desarrollen una actividad económica en el sector del transporte (ver las particularidades establecidas para cada medida). El plazo de solicitud se extiende hasta el 2 de diciembre de 2024 a las 23:59.

Al tratarse de una convocatoria en concurrencia competitiva, las solicitudes se evalúan en función de su impacto, calidad, madurez y relevancia, buscando el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia y respetando en todo momento el régimen de Ayudas de Estado. Para contribuir a los objetivos finales del PRTR y garantizar el efecto transformador en la economía, las actuaciones a financiar deben ser lo suficientemente maduras y solventes técnica y financieramente para estar efectivamente implantadas y en funcionamiento antes del 31 de marzo de 2026.